El proyecto universitario Diálogos por la Democracia tiene el objetivo de facilitar la investigación, el debate y el diálogo sobre la calidad de nuestra democracia, así como apoyar a los integrantes de la población en general en la defensa efectiva de sus derechos.
Esta iniciativa busca apoyar con la realización de la misión social de la Universidad Nacional Autónoma de México plasmada en el artículo 1º de su Ley Orgánica que señala que entre los fines de la Universidad se encuentra la organización y la realización de investigaciones acerca de las condiciones y problemas nacionales. Asimismo, el artículo 3º del Estatuto General de la UNAM indica que el propósito esencial de la Universidad es estar íntegramente al servicio del país y de la humanidad con un sentido ético y de servicio social.
El presente informe es producto de un seguimiento puntual del proceso electoral federal de 2018 (con especial énfasis en las campañas electorales y el día de la jornada electoral) realizado por el equipo de Diálogos por la Democracia. Tiene el fin de dejar registro de las irregularidades y las polémicas más importantes surgidas durante el proceso electoral.
El 1 de julio de 2018, se eligieron 18,299 cargos de elección popular, tanto a nivel federal, como local, como se aprecia en a la siguiente tabla:
 
 
Hay mucho que celebrar con respecto a la participación ciudadana y la calidad democrática de las elecciones del 1 de julio. Sin embargo, también hay mucho por hacer para acabar con las prácticas anti-democráticas todavía arraigadas dentro del sistema político mexicano, en la sociedad, en la clase política y en las instituciones.
Así que, en lugar de presentar un discurso triunfalista, el presente informe tiene el objetivo de poner la lupa en las áreas de vulnerabilidad democrática que todavía perduran dentro del sistema político mexicano. Por ejemplo, algunos de los factores que ponían en riesgo el desarrollo del proceso electoral incluyen la agresividad de las campañas, el contexto de violencia, de corrupción y de pobreza en el país, decisiones fuertemente cuestionadas de las instituciones electorales, la falta de una regulación adecuada de la propaganda política-electoral en las redes sociales, y las múltiples denuncias del uso de recursos públicos y privados ilegales para fines electorales, entre otros temas.
Para el seguimiento del proceso electoral se conformó un equipo universitario multidisciplinario y transdisciplinario dividido en las siguientes áreas: jurídico, comunicación, formación y relatoría. El informe se basa en un seguimiento puntual de la información proporcionada por los medios de comunicación, en la prensa impresa, la radio, la televisión, así como en las redes digitales. También hemos realizado un seguimiento de las resoluciones y comunicados claves que de manera pública expusieron -en el cumplimiento de sus funciones- el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Finalmente, incluimos la información sobre las denuncias que recibimos directamente de la ciudadanía, de manera presencial, en las redes sociales o por medio de nuestro formato digital de denuncia.
Es importante enfatizar que lo que aquí se expone no fue realizado a través de una simple observación pasiva. Por el contrario, de manera activa se proporcionó acompañamiento y asesoría gratuita a las denuncias que de manera constante llegaron a nuestro portal web, correo electrónico, línea telefónica, Facebook, Twitter y WhatsApp sumando un total de 9793 interacciones con usuarios del mes de marzo a julio de 2018 que culminaron en 2245 denuncias formuladas y presentadas con el acompañamiento del equipo de Diálogos por la Democracia.
La presentación de este informe se hace en cumplimiento de las metas que nos hemos trazado en el marco de este proyecto universitario: fortalecer la educación cívica-electoral, incentivar la participación y el compromiso ciudadano a través de la denuncia de irregularidades que vulneren la democracia, el ejercicio pleno de los derechos político- electorales y el voto informado. Todo ello con el fin de para alcanzar los anhelos previstos en la Constitución mexicana y en los Tratados internacionales en la materia -de los que nuestro país es parte- así como demandar un correcto actuar de las dependencias gubernamentales encargadas de la organización y protección de las elecciones.
El presente informe universitario se ha dividido en dos partes para su mejor comprensión.
En la primera sección, mostramos un panorama general acerca de algunos casos polémicos detectados por la coordinación de comunicación y relatoría en las redes sociales y medios masivos de comunicación. La estructura de esta primera parte comprende los siguientes puntos: el seguimiento de spots y videos difamatorios; el uso faccioso de las instituciones; la intromisión clerical y la de grupos empresariales; las noticias y encuestas falsas; las llamadas difamatorias e intimidatorias; la violencia electoral; los problemas institucionales; la compra y coacción de votos; el condicionamiento de programas sociales; el acarreo; las irregularidades cometidas durante la veda y la jornada electoral; una breve crónica de casos relevantes; el tema de las elecciones en Puebla; la opinión de las ONG, redes ciudadanas y observadores electorales; y finalmente, damos al lector algunas referencias acerca del impacto de Diálogos por la democracia en la opinión pública.
En la segunda parte, exponemos de manera particular las denuncias en las que los integrantes del jurídico de Diálogos por la democracia asistieron y asesoraron a las víctimas o testigos de irregularidades electorales para la presentación de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Aquí se presenta un análisis estadístico de las denuncias presentadas por el equipo y, posteriormente, un seguimiento de las irregularidades electorales a las que se les dio puntual seguimiento y denuncia, en lo referente a: condicionamiento de programas sociales; aportaciones ilícitas a candidatos, partidos y campañas políticas; compra y coacción del voto; destrucción, alteración y apoderamiento de materiales o documentos públicos electorales; financiamiento ilícito de candidatos y/o partidos políticos; irregularidades del INE; llamadas de intimidación; organización de reunión o transporte de votantes; peculado electoral; solicitud de evidencia del sentido del voto; violaciones al periodo de veda electoral; y por último, la violencia electoral.
Estamos convencidos de que la única forma de garantizar la democracia, como se demostró en la elección presidencial de julio de 2018, es por medio de la participación ciudadana y el interés del electorado de figurar de manera activa los procesos electorales. Lo anterior, no se puede llevar a cabo con éxito sin el apoyo institucional, los esfuerzos de especialistas, las asociaciones civiles, redes ciudadanas y la colaboración de la universidad al servicio del pueblo. Por ello, esperamos que esta contribución universitaria sea un insumo importante para el fortalecimiento de la democracia y la salvaguarda de los derechos político-electorales de los mexicanos, la cultura de la legalidad y la transformación íntegra de las instituciones electorales, en aras de mirar construir un México cada vez más democrático.

Forma de trabajo



La metodología empleada para el seguimiento de irregularidades durante el proceso electoral se realizó por medio del seguimiento de notas, el análisis de contenido y la atención ciudadana a víctimas o testigos de irregularidades electorales.
La información se clasificó a través de una minuciosa verificación de las fuentes y un análisis de contenido a la luz de la legislación electoral mexicana; las teorías comunicativas; el contexto histórico-nacional; y finalmente, las buenas y malas prácticas electorales que regularmente encontramos en los tiempos electorales. En ese sentido, también se dio asesoría y acompañamiento a todas aquellas personas que se acercaron para denunciar posibles hechos que atentaron en contra de la voluntad popular. El siguiente cuadro ilustra de manera gráfica la organización del equipo:
 
 

La importancia de la participación ciudadana y la observación electoral



La participación ciudadana fue uno de los grandes distintivos que caracterizó esta elección, de acuerdo con datos del INE, al cierre de la convocatoria, a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se dio a conocer que se recibieron 38,354 solicitudes de ciudadanos para fungir como observadores electorales durante la jornada electoral del 1 de julio, de las cuales fueron aprobadas 32,520[1]. Todo ello, coadyuvó a contrarrestar las malas prácticas electorales que se realizaron durante la jornada electoral.
Algo que llamó particularmente la atención fue que los debates presidenciales tuvieron un rating que mostró el interés de millones de mexicanos, tal y como consta en la siguiente tabla.
Audiencia de los debates presidenciales
Debate presidencial Número de audiencia
1º Debate 11,4 millones de personas
2º Debate 12,6 millones de personas
3º Debate 10,7 millones de personas

En contraste con las elecciones de los años 2000, 2003,2006, 2009, 2012 y 2015 notamos que las elecciones pasadas -cuyo padrón electoral está constituido por 89 millones 259 mil 881 personas- hubo una participación del electorado mexicano que fue notoriamente elevada como se constata en la siguiente tabla comparativa:
 
Número de votantes elecciones 2000-2018[2]
Elección presidencial Número de votantes Porcentaje de participación
1º Debate 11,4 millones de personas 11,4 millones de personas
2º Debate 12,6 millones de personas 11,4 millones de personas
3º Debate 10,7 millones de personas 11,4 millones de personas
 
Ante este panorama y la arrasadora victoria del candidato Andrés Manuel López Obrador, con 52.96% de ventaja se inhibió cualquier posibilidad de un fraude de naturaleza electoral, sin embargo, se documentaron una multiplicidad de anomalías que ponen en duda ciertos valores democráticos. A pesar de ello, el factor determinante para la salvaguarda de la democracia fue, sin lugar a discusión, la participación ciudadana que activamente participó y dio seguimiento a los procesos electorales durante varios meses y, sobre todo en la jornada electoral.


Panorama general



Diálogos en acción

A partir de marzo del presente año, en Diálogos por la Democracia se implementaron diversos medios de contacto con la ciudadanía, con la finalidad de brindarles información, atención personalizada, asesoría y acompañamiento jurídico.
En ese contexto, de marzo a julio de 2018, se han tenido alrededor de 9,793 interacciones a través de los diversos medios de contacto.



Conclusiones

El pasado 1 de julio los mexicanos fuimos testigos de un proceso electoral histórico, pero ello no fue gracias a la erradicación de las malas prácticas electorales arraigadas por años en nuestro país. Al contrario, fue la participación ciudadana, a través del voto informado y masivo, así como la observación y la vigilancia del proceso electoral, la luz que iluminó y permitió que la victoria fuera para la democracia.
En el presente informe es posible apreciar videos, audios, testimonios, fotografías, entre otras pruebas, aportadas por ciudadanos informados y cansados de ser víctimas o cómplices de los actores políticos, hartos del manto de impunidad que cubrió la contienda, resultado de la pasividad, e incluso complicidad en algunos casos, de las autoridades electorales.
Las 2,245 denuncias recibidas directamente por el equipo de Diálogos por la Democracia son un referente de ello. Pero la participación de los y las ciudadanas no se limitó únicamente a denunciar en redes, sino que en muchos casos fueron más allá. Impidieron directamente que se siguiera explotando la pobreza que impera en nuestro país a cambio de votos.
Aún a pesar de la reducción de 68% en los fondos institucionales para la observación electoral ciudadana, en comparación con 2012, a lo largo del proceso sobresalió la oportuna participación de redes ciudadanas, universitarias y observadores electorales que auxiliaron a la sociedad civil en general a ejercer sus derechos electorales. Figuran las iniciativas: “Acción ciudadana frente a la pobreza”, “Juego limpio”, “UNAM crónica electoral”, “Voto informado”, “Verificado 2018” y la “Red Universitaria y Ciudadana para la Defensa de la Democracia (RUCD)”, así como la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las autoridades electorales, en contraste, en la mayoría de los casos se vieron rebasadas, tanto por la forma de operación de los actores políticos y las lagunas legislativas, como por la falta de voluntad de algunos de sus titulares para tomar acciones preventivas, iniciar investigaciones de oficio y resolver conforme a derecho, a pesar de tener conocimientos de hechos o actos que atentaban contra la equidad en la contienda.
La neutralidad gubernamental fue la gran ausente durante todo el proceso electoral, pues se detectaron múltiples casos en los que gobernadores, presidentes municipales, titulares de dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, intervinieron en la contienda a favor o en contra de algún partido político o candidato, tanto de forma expresa como velada.
Una de las irregularidades más recurrentes fue la propaganda negativa y calumniosa, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes en radio, televisión y redes sociales, entre otros, en los que se buscaba desacreditar a un candidato o partido político. Al respecto, las autoridades electorales se vieron ineficaces tanto es su investigación como en la sanción de los responsables.

El proceso electoral también se caracterizó por la falta de credibilidad mediática, debido a las “fake news” que estuvieron muy comunes. Aquí también fue la sociedad civil que realizó los esfuerzos más importantes para combatirlas mediante iniciativas como: “Verificando” y “Abre más los ojos”. En este tópico, el INE tuvo una actuación tardía, con la implementación de su aplicación “Voto informado”, pero jamás ejerció alguna acción concreta para eliminar las noticias falsas o iniciar un procedimiento para sancionar a los responsables, dejando que se violara flagrantemente las reglas y los principios en materia de propaganda político-electoral.
Otro tema que se escapó de la regulación efectiva de la autoridad fueron las encuestas. Circularon muchas encuestas falsas, o con resultados alterados, que las convertían en propaganda política en lugar de estudios científicos de opinión pública.
Hubo también muchas denuncias con respecto a las irregularidades con los votos en el extranjero, ya que se presentaron problemas graves como la falta de boletas en los sobres, problemas en el registro y poca eficacia en los procesos de recepción y entrega.
Otra situación anómala durante la contienda fue las manifestaciones de los empresarios que buscaron influir el sentido del voto de sus empleados, a fin de que no votaran a favor del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Al respecto existe una laguna legal, situación que el Poder Legislativo debe remediar a fin de respetar plenamente la libertad de voto de los empleados en el sector privado.
Aunado a lo anterior, existen caso documentados de ministros de culto que emitieron mensajes con la finalidad de influir el sentido del voto, esto es, no votar a formar de Andrés Manuel López Obrador. Esta es una evidente contravención a la legislación electoral, que no ha sido sancionado por las autoridades hasta la fecha.
Otro factor que estuvo presente todo el proceso electoral fue la violencia. Candidatos, simpatizantes, funcionarios de las instituciones electorales, ciudadanos insaculados, entre otros, fueron víctimas de amenazas o actos de violencia. Esta es una problemática en la deben enfocarse las autoridades, pues es impensable que, en un estado de derecho, las personas no puedan votar y ser votados por temor a represarías. Esta es una asignatura pendiente para los tres niveles de gobierno.
La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) fue la gran ausente durante en el proceso electoral. Detectamos que muchas víctimas y testigos del delito no fueron debidamente atendidos por la Fiscalía. Según sus informes mensuales, esta autoridad recibió miles de denuncias. Sin embargo, su actividad investigadora dejó mucho que desear.
También llamó la atención que el único pronunciamiento mediático de importancia realizada por la FEPADE durante el proceso electoral fue en contra de una conducta que no constituye un delito electoral: la “Amlomanía”. En contraste, la autoridad dejó pasar miles de llamadas de intimidación, denuncias de compra y coacción y así como el caso del intento de coerción del voto por los empresarios.
Las autoridades electorales avalaron las tarjetas de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade, aunque estas incluyeron claras promesas de retribución económica a cambio del voto. Para el reparto de estas tarjetas los partidos y/o los candidatos también muy probablemente usaron indebidamente los datos del padrón electoral para mandarlas a los domicilios de las personas, lo cual también constituiría una grave irregularidad.
 

Diálogos por la Democracia

Un proyecto especial de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

John M. Ackerman
Coordinador Académico

“Claroscuros de las elecciones de 2018: Un informe universitario sobre el proceso electoral”

John M. Ackerman
Coordinador General
Walter M. Arellano
Rebeca Ballesteros
Patricia Cruz
Lisseth Pérez
Coordinadores de contenido
Amaranta Ruiz
Diseño gráfico
Marisol Espejel
Diseño Web
Horacio Vásquez
Ilustraciones
Eduardo Aguilar
Rachel Belper
Mariana Calixto
Beatriz Contreras
Andrea Jiménez
América López
José Martínez
Josué Mercado
Valeria Montoya
Astrid Navarro
Isis Rangel
Miguel Ángel Salazar
Julio César Valencia
Equipo de investigación y de comunicación
6 de septiembre de 2018
Ciudad de México, México
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