USO FACCIOSO DE LAS INSTITUCIONES


Estamos en condiciones de hablar de un uso faccioso de las instituciones, cuando los esfuerzos de las dependencias públicas se orientan a beneficiar o perjudicar a un candidato, so pretexto de la realización de sus labores.
En la legislación no existe ningún referente del uso faccioso de las instituciones, pero sí se contempla el peculado como un delito tipificado dentro de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, específicamente existe el tipo penal señalado en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que dicta que:
Se impondrán de doscientos cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:
Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Ley General en Materia de Delitos Electorales

Por lo anterior, estamos ciertos que a lo largo del proceso electoral hubo serias inconsistencias que pudieran entrar en la transgresión del citado numeral. Compartimos algunos ejemplos:
El candidato a diputado federal por el distrito 11, Ramón Fernández, afirmó que los transportistas son obligados por la Secretaría de Infraestructura y Transportes a portar micro perforado apoyando a coalición “Por México y por Puebla al Frente” [19]. Es decir, se hace uso de los recursos humanos de la institución para obligar de manera ilegal a los transportistas bajo amenaza de perder concesiones, lo cual representa a su vez un abuso de autoridad y un claro caso de uso faccioso de las instituciones.
A nivel federal, causó particular incertidumbre que el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció en reiteradas ocasiones de la siguiente manera: “México debe dejar atrás modelos fracasados y se debe defender la continuidad del modelo de gobierno”. También descalificó la “autosuficiencia alimentaria” en la clausura 82 de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, aludiendo indirectamente a las ideas del candidato López Obrador. De la misma manera se pronunció –abusando de la investidura presidencial- para que los votantes “tuvieran menos víscera y más razón” con la finalidad de disuadir el voto de castigo en contra de su partido. [20] [21] [22]
Un hecho que llamó la atención de la prensa, fue que el gremio de los bomberos, los trabajadores de la limpieza pública y otras asociaciones de trabajadores fueron obligados por sus sindicatos –según relatan testimonios- a protestar en contra de Andrés Manuel López Obrador lo cual fue captado por múltiples periodistas horas antes del primer debate. [23] [24]
A pesar de que no hay un tipo penal o alguna disposición legislativa se encendió un área de oportunidad para legislar en materia de uso del espacio público ya que de manera facciosa se impidieron varios mítines de Andrés Manuel López Obrador, los casos más significativos son: la inauguración de una obra en Iztacalco antes de evento de AMLO;[25] la instalación de un circo en la Delegación Venustiano Carranza[26]; la negativa de la delegación Benito Juárez para el uso de la explanada delegacional.[27] En ese tenor, la presidenta de MORENA, Yeidckol Polevnsky, también denunció que solicitó el Zócalo para el cierre de campaña de López Obrador, pero el gobierno de la CDMX lo negó. [28]
Otra violación preocupante a los derechos políticos y a la libertad de expresión cometida en por las autoridades de la Ciudad de México fue impedir que ciudadanos se manifestaran con banderas de Morena. [29] En ese mismo esquema antidemocrático, en Salina Cruz, Oaxaca autoridades amenazaron a petroleros para que asistieran a mitin de AMLO. [30] Todo lo anterior, sin lugar a duda, pone en riesgo el derecho de libertad de expresión consagrado en el artículo sexto de la Constitución que a la letra dice:

 
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado (…).

Artículo sexto de la Constitución

 

En ese orden de ideas, consideramos que el gobierno de la Ciudad de México y el del municipio de Salina Cruz en Oaxaca violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el Estado de México, las irregularidades tampoco se hicieron esperar, pues el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aumentó el bono a los maestros a tan sólo mes y medio de las elecciones con claros fines electorales, haciendo un uso totalmente faccioso de los recursos públicos tipificado en mencionado artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. [31]
En distintos medios, miembros de la CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) denunciaron que el líder presionó a empleados en Zacatecas para que promuevan el voto a favor de José Antonio Meade, lo cual también forma parte de los supuestos enunciados mencionados en el multicitado numeral 11 de la LGMDE. [32]

El jefe de gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, reconoció de manera explícita que el vehículo grabado en una transmisión en vivo con despensas –con logos de la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social)-, efectivamente pertenecía a dicha dependencia, por lo que ordenó el cierre de bodegas y almacenes y concentración de vehículos, pero no hay noticias que hablen de la persecución de algún delito electoral por lo que permaneció impune. [33]
El usuario de twitter Alex Romo X @enrique_alex denunció la existencia de una barda de un comedor comunitario que estaba pintada con propaganda a favor del candidato Ricardo Anaya, [34] lo que sin duda es contrario al artículo 249 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales que establece que:
En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el párrafo 2 del artículo 244 de esta Ley y exclusiva mente por el tiempo de duración del acto de campana de que se trate.

Artículo 249, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Un modus operandi semejante al señalado en el párrafo anterior, se realizó en árboles y mobiliario público en la colonia Vicente Guerrero en la Gustavo A. Madero e Iztapalapa donde el PRD colocó de manera ilegal propaganda partidista, según advirtió Allan Pozos, Usuario de Facebook.[35]
Dentro de la administración pública federal, destaca el caso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que de forma institucional envío un correo electrónico en el que pide no votar por AMLO que llegó a toda la base de datos incluidos medios de comunicación. Lo anterior, causó incertidumbre con respecto a la imparcialidad institucional. [36]
El rector de la Universidad de Guanajuato se pronunció de la siguiente manera en contra del candidato de Morena: “Amlo está cuchareando las encuestas”, excediendo sus facultades como titular de esa casa de estudios con fines electoreros. No está por demás decir que no presentó prueba alguna ni denuncia frente a las instituciones electorales correspondientes para respaldar su dicho. [37]
En cuanto al tema del candidato conocido como “El Bronco”, se puso en duda la legalidad y legitimidad de los apoyos, ya que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que 572 servidores públicos del gobierno de Nuevo León incurrieron en violaciones a las leyes electorales por recabar firmas para la candidatura presidencial independiente del entonces gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, lo que sin duda, es un delito electoral consagrado en el citado artículo 11 de la LGMDE. [38]
La usuaria de Twitter Citlalli Hernández @CitlaHM denunció la existencia de “Vehículos oficiales portando propaganda” de Juan Zepeda quien fue candidato electo para el Senado de la República. Como se puede advertir de la imagen presentada, la camioneta tiene escudos y emblemas oficiales con propaganda sobrepuesta de Zepeda. [39]
Pedro Alberto Salazar, secretario de la Confederación de Trabajadores de México, hizo en un congreso sindical la siguiente aseveración en contra de AMLO: “López Obrador, si gana, va a destruir las instituciones de los Trabajadores”, lo cual representa un abuso de sus atribuciones y una especulación personal que se difundió de manera dolosa con tal de afectar la imagen del mencionado candidato dentro de un gremio. [40]
En Salina Cruz, la transgresión a la libertad de expresión fue tan evidente que trabajadores de PEMEX asistieron enmascarados en evento proselitista de Morena por medio a represalias, lo cual evidentemente no es una práctica que se deba dar en un país que pretende ser “libre y democrático”. [41]
Causó peculiar asombro que la propia Procuraduría General de la República difundió en medios un video grabado por la cámara de seguridad en el que aparece Ricardo Anaya y gente de su equipo en las instalaciones de dicha institución, lo cual según la Comisión de Quejas del INE violentó la equidad en la contienda electoral. Sin duda, la actitud de los servidores públicos de la PGR puso en duda la imparcialidad de la institución. [42]

Representantes de la coalición de “México al frente” alzaron la voz para señalar que “el caso Anaya, estrategia orquestada por Peña para perjudicar a Ricardo Anaya", quien fuera candidato a la Presidencia. Al corte de la edición de este trabajo el llamado “caso Anaya” no ha sido resuelto. [43]
En contraposición, el periodista de New York Times, Azam Ahmed, denunció que la investigación del “Caso Oderbrecht" fue suspendida por afectar al PRI y la campaña de Meade, lo cual, de ser cierto, constituye un flagrante uso faccioso de las instituciones que pudiera tener responsabilidades administrativas y penales contra servidores públicos. [44]
En redes sociales provocó la indignación de usuarios que el gobernador en turno de Colima promocionó al candidato del PRI José Antonio Meade en Twitter, el usuario “@NOLAFRIEGUESMAN”, envió una captura de pantalla que sostiene lo anterior, [45] lo que transgrede en cierta medida el artículo 209 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dice:
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campanas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Artículo 209, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales

 
De igual manera, a través de la cuenta oficial del Gobierno de Guerrero, hubo un pronunciamiento a favor de la una de las candidatas, al hacer difusión de un mensaje proselitista por medio de un retuit.
En Veracruz, un grupo de ciudadanos exigieron que el gobernador de esa entidad “quite las manos del proceso electoral”, ya que de acuerdo con varios veracruzanos que alzaron la voz en redes, el titular del ejecutivo local hizo intromisiones constantes en el proceso para beneficiar a su hijo, candidato a la gubernatura. [46]